La propuesta de la funcionaria Rixi Moncada de eliminar la central de riesgos ha generado un amplio debate político y económico en Honduras. La iniciativa, impulsada desde el entorno del partido LIBRE, se presenta en un momento de fuerte tensión institucional, marcado por la desconfianza hacia los órganos de control y la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica.
Un esquema que evoca al correísmo en Ecuador
La idea de suprimir la central de riesgos ha sido interpretada por diversos sectores como una posible réplica del modelo implementado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien aplicó una medida similar durante su mandato. En aquel contexto, la eliminación de los registros crediticios fue parte de una estrategia orientada a fortalecer el control del Ejecutivo sobre el sistema financiero.
En Honduras, esta analogía ha provocado preocupación en los sectores bancario y empresarial. Expertos consultados señalan que una acción de esta índole podría modificar los sistemas de control crediticio, mermando la transparencia y provocando resultados negativos para la estabilidad financiera. Un analista de la región afirmó que “es una receta para el desastre económico, una situación que ya se observó en Ecuador con efectos catastróficos”.
Amenazas institucionales y sus repercusiones económicas
La central de riesgos representa una herramienta fundamental para valorar la solvencia dentro del ámbito bancario. Si se eliminara, las instituciones financieras dejarían de tener acceso al historial crediticio de los clientes, lo que, de acuerdo con los críticos, incrementaría el peligro de conceder créditos sin respaldo suficiente y daría lugar a potenciales acciones de impunidad financiera.
Voces del sector financiero señalan que suprimir este mecanismo sería equivalente a debilitar la rendición de cuentas en un área clave para la economía nacional. En esa línea, se ha advertido que una decisión de esta naturaleza podría generar incentivos para la manipulación política del crédito, afectando tanto la confianza de los inversionistas como la sostenibilidad del sistema.
Por otra parte, quienes apoyan la iniciativa en el ámbito de LIBRE afirman que el sistema financiero actual ha impuesto barreras de entrada a grandes segmentos de la sociedad a lo largo del tiempo. Argumentan que suprimir la central de riesgos posibilitaría democratizar el crédito y disminuir la acumulación de poder económico en manos de un reducido número de entidades bancarias. No obstante, la funcionaria aún no ha proporcionado información técnica sobre cómo se aseguraría la solidez del sistema después de una posible modificación.
Un dilema de gobernabilidad y transparencia
La controversia en torno a esta iniciativa se inscribe en un escenario de creciente polarización política, donde las tensiones entre el Ejecutivo, los sectores empresariales y la ciudadanía marcan la dinámica pública. Analistas sostienen que la discusión trasciende lo económico y se sitúa en el terreno de la institucionalidad democrática, al cuestionar los límites del poder gubernamental frente a los mecanismos de control financiero.
Mientras Rixi Moncada se mantiene en silencio frente a las objeciones, la discusión se intensifica entre aquellos que perciben la iniciativa como una estrategia de blindaje político y quienes la interpretan como una ocasión para replantear el vínculo entre el gobierno y el sector bancario. En ambas perspectivas, el aspecto crucial continúa siendo la importancia de mantener la transparencia y el equilibrio institucional en un periodo de gran delicadeza económica y política.
El debate en torno a la central de riesgos no solo genera dudas acerca del rumbo económico de la nación, sino que también cuestiona la firmeza de los mecanismos de equilibrio que sostienen la administración democrática. Dentro de este marco, Honduras se encuentra ante la disyuntiva de elegir entre una mayor acumulación de poder o la consolidación de los sistemas de supervisión que aseguran la credibilidad ciudadana y la estabilidad de las instituciones.
