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Honduras frente a elecciones: papel constitucional de las Fuerzas Armadas

Honduras frente a elecciones: papel constitucional de las Fuerzas Armadas

A menos de cinco meses de las elecciones generales en Honduras, la participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral sigue siendo motivo de debate. Su papel constitucional es garantizar la seguridad, custodia y transporte del material electoral, así como la protección de los centros de votación se enfrenta a crecientes cuestionamientos, alimentados por fallos recientes y un contexto de desconfianza institucional.

Pronunciamientos formales y compromisos institucionales

Los altos oficiales del Ejército han confirmado públicamente su compromiso con los principios constitucionales de imparcialidad y respaldo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la alta jerarquía militar, subrayó la promesa de las FF. AA. de asegurar un proceso electoral “justo, claro y protegido”, destacando el papel no político y sin deliberación de la institución militar.

La Secretaría de Defensa ha subrayado que las fuerzas armadas operarán siguiendo las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a lo estipulado en la Constitución. Así, en el tiempo electoral, las FF. AA. deben desligarse funcionalmente del Poder Ejecutivo para enfocarse únicamente en proteger el proceso electoral.

Críticas por fallos logísticos y antecedentes recientes

A pesar de los comunicados oficiales, diversos sectores han cuestionado la habilidad de las Fuerzas Armadas para asegurar un proceso electoral sin problemas. Durante las elecciones primarias de marzo de 2025, se informó de demoras de hasta cinco horas en la distribución del material electoral en ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los problemas logísticos fueron responsabilizados tanto al liderazgo militar como a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, lo cual provocó una serie de críticas por parte de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.

Estos sucesos reabrieron la discusión sobre la capacidad del Ejército para manejar responsabilidades en actividades electorales y renovaron las críticas sobre su autonomía. Expertos alertan que, si no se solucionan los errores mostrados en las elecciones primarias, podrían surgir inconvenientes similares el 30 de noviembre, poniendo en riesgo la confianza del público en las organizaciones responsables del proceso democrático.

Conflictos institucionales y peligro de politización

La polémica también ha alcanzado al discurso institucional. Expertos señalan que sectores afines al oficialismo han intentado minimizar la responsabilidad de las FF. AA. en los errores logísticos de marzo, promoviendo una narrativa orientada a preservar la imagen de la institución castrense. Esta postura ha coincidido con una creciente desconfianza hacia el CNE, cuyas capacidades técnicas y liderazgo han sido objeto de críticas por su manejo del calendario electoral y su relación con el Ejecutivo.

En este escenario, el papel de las FF. AA. adquiere una complejidad mayor. Aunque su misión constitucional les prohíbe participar o involucrarse en temas políticos, la opinión pública acerca de su neutralidad se ve influenciada por la politización del debate electoral. La tensión incrementa conforme se acerca el día de las elecciones, en un contexto de polarización y dudas sobre la institucionalidad democrática.

Un reto para la validez de las elecciones

La intervención de las Fuerzas Armadas en las elecciones de noviembre constituye un aspecto esencial para la credibilidad del proceso electoral en Honduras. A pesar de que la Constitución les otorga un papel operativo bien definido, los problemas logísticos previos y la desconfianza en el sistema electoral sitúan a la institución militar en una situación complicada.

En una nación caracterizada por una notable polarización política y una institucionalidad democrática débil, la actuación de las FF. AA. en las elecciones podría afectar significativamente la percepción de legitimidad de los resultados de los comicios. La claridad en las operaciones y la estricta adhesión al mandato constitucional serán esenciales para prevenir tensiones adicionales y mantener la estabilidad democrática en un año electoral crucial.