Diez meses después de la publicación del video que relaciona a un personaje central del entorno presidencial con actividades de narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados tangibles. La falta de acción del Ministerio Público frente a un escándalo que implica al círculo más íntimo de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y fomentado una desconfianza creciente en las instituciones.
Fiscalía sin respuestas claras ante un caso de alto impacto
A partir de septiembre de 2024, se divulgó un video denominado «narcovideo» en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con narcotraficantes. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado un progreso procesal claro. En el video, las personas involucradas ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido actualmente en el poder.
Después de la revelación, Carlos Zelaya dimitió de sus funciones como legislador y secretario del Congreso Nacional. También renunció su hijo, José Manuel Zelaya, quien estaba a cargo del Ministerio de Defensa. Rafael Sarmiento, el líder del grupo parlamentario oficialista, igualmente dejó su cargo a disposición. No obstante, aparte de estas dimisiones, no se han tomado medidas judiciales específicas.
El Ministerio Público ha comunicado que el asunto está «bajo revisión», con una petición de ayuda legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentos vinculados a procesos anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se tienen resultados de estas diligencias, ni se ha divulgado un calendario público de la investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video provocó una serie de respuestas de varios ámbitos. La mandataria Xiomara Castro rechazó cualquier asociación de figuras políticas con organizaciones delictivas, aunque describió la divulgación como un esfuerzo por desestabilizar su administración con vistas a los comicios de 2025.
Sin embargo, para organizaciones que luchan contra la corrupción y grupos opositores, el escándalo ha generado dudas sobre la integridad del proyecto político de LIBRE. Diversos actores han llegado a pedir la dimisión de la presidenta, alegando que el caso va en contra de su retórica de cambio con el pasado y de combate al narcoestado.
Estas posiciones muestran un incremento de la tensión en el entorno político nacional, donde las demandas para aclarar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional vista como deficiente. La carencia de medidas concretas del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos relacionados con individuos próximos al poder.
Desgaste institucional en un entorno de polarización electoral
El “narcovideo” no ha sido un incidente solitario. Se añade a una serie de controversias recientes que han mermado la confianza pública en las promesas de transformación presentadas por el gobierno de Castro. La ausencia de respuestas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma determinación cuando los involucrados son parte del oficialismo.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este caso cobra importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el partido gobernante intenta reducir el impacto del escándalo en su discurso público. En esta situación, la exigencia social por transparencia y justicia permanece como un factor de presión constante.
Un ejemplo que define el ritmo de la institucionalidad en Honduras
A casi un año de haberse publicado, el narcovideo todavía no ha tenido repercusiones legales notables, mientras crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura informativa. La prolongada inacción sigue debilitando la legitimidad de las instituciones en un país caracterizado por su trayectoria de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en la esfera política.
El tratamiento de este asunto constituye no solo un desafío urgente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial para la estabilidad del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se evite influirá en el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral sumamente dividido.
