El diputado independiente Betserai Richards se ha transformado en una de las figuras más debatidas y controvertidas dentro de la nueva Asamblea Nacional panameña. Su manera de actuar, marcada por la confrontación y escaso sustento en evidencias, junto con el uso reiterado de información falsa en redes sociales y sus frecuentes señalamientos públicos contra instituciones del Estado, funcionarios y otros actores políticos, lo han impulsado como una voz asociada a la agresividad y al descrédito, un perfil que, lamentablemente, los algoritmos de las plataformas digitales tienden a amplificar con facilidad. Este estilo político también ha comenzado a despertar serias dudas entre la ciudadanía sobre la fiabilidad de sus declaraciones, el efecto de sus mensajes en la opinión pública y la utilización de la desinformación como mecanismo político.
En los últimos meses, Richards se ha visto envuelto en diversas polémicas vinculadas con hospitales públicos, disputas políticas, señalamientos institucionales y la circulación de información que luego fue puesta en duda y desmentida por autoridades, ciudadanos, figuras políticas y periodistas. El episodio reciente relacionado con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reactivado la discusión sobre el límite que un político puede cruzar sin incurrir en afirmaciones falsas o engañosas.
El enfrentamiento con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más difundidos relacionados con Richards fue el choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente controvertido y rodeado de escándalos. El incidente derivó en denuncias por agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convertido en un símbolo del desgaste del debate político panameño. Durante varios días, la agenda mediática nacional quedó marcada por videos, versiones enfrentadas y múltiples acusaciones.
Aunque el caso tuvo derivaciones legales, también dejó una imagen de permanente confrontación, violencia y escaso decoro alrededor de Richards. Evidenciaba una estrategia basada en la provocación constante y el conflicto mediático.
Betserai Richards: mucho ruido y pocas nueces
El enfrentamiento entre Katleen Levy y Betserai Richards se intensificó sobre todo por la administración de infraestructura y proyectos públicos en el circuito 8-6, considerado una de las áreas de Panamá Este con mayores desafíos tradicionales en movilidad y expansión urbana.
Levy, quien en el pasado también había ejercido representación política en esa zona, criticó con firmeza la forma en que Richards gestionaba públicamente las dificultades del circuito. A su juicio, el diputado habría articulado una táctica centrada sobre todo en redes sociales, clips virales y disputas digitales, difundiendo la impresión de que atendía o encabezaba soluciones vinculadas a obras e infraestructuras que, en realidad, recaían técnicamente en el Gobierno Central, en el Ministerio de Obras Públicas o en recursos ya autorizados con antelación.
Uno de los temas más debatidos fue el caso del puente de Cabuya, una infraestructura vial vista como esencial para disminuir el tráfico en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que esta obra no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido concebida, presupuestada y ejecutada con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello intentaba contrarrestar la idea de que el diputado lograba avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue rechazada por varios actores vinculados al proyecto, dejando en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una débil influencia institucional real.
La exdiputada llegó a emplear la expresión “política galla”, un giro coloquial panameño que suele usarse para aludir a algo percibido como improvisado, superficial, ridículo o meramente cosmético. Con esa frase buscó retratar el modo político de Richards, a quien señaló de enfocarse en disputas mediáticas, transmisiones virales y choques públicos en lugar de dedicarse a un trabajo técnico, legislativo o administrativo más sólido, un ámbito en el que, según afirmó, Richards jamás ha mostrado avances.
Durante uno de los instantes más intensos del choque público entre Katleen Levy y Betserai Richards, el debate dejó de enfocarse solo en discrepancias políticas o de gestión y derivó hacia un ámbito mucho más íntimo y agresivo. En un video compartido como réplica a publicaciones y ataques recíprocos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y a la apariencia del diputado.
En esa intervención utilizó el término “cueco”, una expresión coloquial panameña que históricamente se ha empleado de forma peyorativa para cuestionar o ridiculizar la orientación sexual o la hombría de un hombre. Levy utilizó ese lenguaje en el contexto de acusar a Richards de recurrir constantemente a “chismes”, confrontaciones digitales y ataques de redes sociales en lugar de sostener debates políticos más técnicos o ideológicos.
La disputa más reciente: la alimentación hospitalaria y la denuncia de “fake news”
La controversia más reciente explotó luego de que Richards difundiera imágenes denunciando supuestas comidas servidas a pacientes hospitalizados, mostrando panes con mortadela y posteriormente panes con queso como ejemplo de la “mala alimentación” brindada por la CSS.
Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, generando indignación entre muchos ciudadanos que interpretaron el contenido como evidencia del deterioro extremo del sistema público de salud.
Sin embargo, la propia Caja de Seguro Social respondió públicamente rechazando las afirmaciones del diputado y asegurando que la información era falsa.
La CSS señaló igualmente que toda la comida destinada a los pacientes se elabora en la Ciudad de la Salud siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad, y advirtió sobre eventuales medidas legales o denuncias para exigir que el diputado respaldara sus dichos o emitiera una rectificación pública.
Este episodio desató en Panamá un debate especialmente sensible: ¿hasta dónde puede circular una acusación política sin evidencias totalmente confirmadas? ¿Y qué sucede cuando un diputado recurre a imágenes virales que en realidad no guardan relación con los hechos que afirma denunciar?
La gravedad del asunto no se limita a un simple desacuerdo político, pues cuando se abordan temas como hospitales, pacientes y nutrición médica, la difusión de datos falsos o sin verificar puede provocar temor, desconfianza y desorden entre los familiares de los pacientes y quienes utilizan el sistema de salud.
El estilo político de Richards: acusaciones que se vuelven virales y una actitud de confrontación constante
Uno de los aspectos más llamativos de Richards ha sido su habilidad para transformar acusaciones infundadas en material que se vuelve viral. Sus visitas a hospitales, las transmisiones en directo, los videos cargados de emoción y los choques frontales con autoridades han contribuido a forjar una imagen de “diputado fiscalizador”, moviéndose en el límite entre una fiscalización válida y la puesta en escena política.
En semanas recientes, Richards llevó a cabo visitas por hospitales públicos para denunciar presuntas condiciones graves, extensas demoras en cirugías y un marcado deterioro en la infraestructura; la CSS replicó señalándolo de provocar “zozobra” y “desinformación”, además de indicar que ingresó con megáfonos a zonas sensibles de los hospitales adoptando comportamientos considerados proselitistas, y la institución sostuvo incluso que este tipo de intervenciones termina politizando los centros hospitalarios y afectando tanto el ambiente requerido como la seguridad necesaria para brindar atención médica.
El empleo de las redes sociales como medio para ejercer presión política
Otro punto constantemente señalado sobre Richards es el uso intensivo de redes sociales, como mecanismo de presión pública antes incluso de que existan investigaciones oficiales o confirmaciones técnicas.
En numerosas situaciones, las denuncias se vuelven virales antes de que arranque su verificación, lo que provoca un fenómeno cada vez más habitual en la política actual: la opinión pública se moldea incluso antes de que los hechos estén completamente esclarecidos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante multitud de personas difundió las fotografías de la presunta comida hospitalaria antes de que la institución publicara su desmentido o que los propios pacientes y el personal sanitario refutaran esas informaciones engañosas. Cuando finalmente se emitió la aclaración oficial, gran parte del perjuicio a la reputación ya se había producido.
Este patrón se parece cada vez más a fenómenos internacionales donde políticos utilizan redes sociales para instalar narrativas emocionales rápidas que posteriormente son difíciles de corregir, incluso cuando aparecen desmentidos oficiales y del propio ciudadano.
¿Supervisión genuina o mero populismo en el ámbito digital?
La principal controversia se centra en determinar si Richards simboliza una vía válida de control ciudadano o si, según lo evidenciado en los últimos meses, más bien personifica un tipo de populismo digital alimentado por indignación constante, alta exposición mediática y la rápida difusión de contenido polémico.
Una cosa es señalar dificultades y otra muy diferente es recurrir a imágenes o declaraciones sin comprobar que pueden confundir al público, y justo ahí surge la discusión en torno a las “fake news” dentro del ámbito político.
Esto se debe a que, cuando un político difunde información falsa o material cuya veracidad aún no ha sido verificada, su alcance resulta mucho más significativo que si lo publicara un usuario común. Un diputado posee notoriedad, poder de influencia y la capacidad de orientar el debate público.
La responsabilidad pública de un diputado
En toda democracia resulta esencial cuestionar a quienes gobiernan, aunque igualmente implica actuar con responsabilidad al difundir la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución ofrece comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad. Si tal hecho jamás sucedió, la discusión deja de ser política y pasa a convertirse en un asunto que compromete la credibilidad pública.
La coyuntura presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus señalamientos o asumir críticas crecientes respecto a su manera de comunicar. Al fin y al cabo, la frontera entre una fiscalización válida y la desinformación puede hacerse casi imperceptible cuando la política adopta el ritmo de un espectáculo continuo.
Y en un tiempo en que las redes sociales pueden viralizar cualquier mensaje en pocos minutos, quienes desempeñan funciones públicas deberían asumir una responsabilidad aún mayor y comprobar la información antes de difundirla.
