En el marco de la preparación para las elecciones generales de 2025, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de actores políticos, empresariales y sociales que lo acusan de impulsar acciones que comprometen la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las denuncias abarcan desde bloqueos a instituciones clave hasta intentos de control político del organismo electoral.
Cuestionamientos al rol de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Uno de los temas centrales de disputa ha sido la suspensión del proceso de adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados con LIBRE obstruyeron la entrada a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando que las compañías ofertantes entregaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, describió estas acciones como un ataque directo al proceso electoral, señalando su efecto adverso en la confianza en la institucionalidad democrática. La paralización del proceso del TREP no solo demoró la organización electoral, sino que también fortaleció la percepción de que se busca crear condiciones para alterar los resultados.
Además, se han señalado incidentes de coerción institucional por agrupaciones cercanas a LIBRE, incluyendo incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones públicas. Estos acontecimientos, en su totalidad, han sido vistos por facciones adversarias como parte de un plan destinado a socavar el funcionamiento independiente del CNE y posibilitar su posible manipulación política.
Peligros de acumulación de poder en el organismo electoral
La eventualidad de que los suplentes del CNE, cercanos al partido oficialista, tomen el control en caso de que las consejeras actuales sean inhabilitadas, ha generado preocupación entre los actores políticos, quienes opinan que tal reemplazo comprometería la diversidad del organismo electoral. Desde el Congreso Nacional y foros de debate, se ha señalado que un CNE sin equilibrio amenazaría la neutralidad del proceso electoral.
Algunos sectores han propuesto la participación de entidades internacionales para supervisar las decisiones institucionales vinculadas al proceso y asegurar una competencia justa. Asimismo, se ha reportado un posible uso indebido de otras entidades estatales, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para alinear al CNE con los objetivos del gobierno.
Dichas tensiones han provocado que diferentes sectores pidan el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, ante lo que perciben como una creciente amenaza a la integridad del proceso democrático.
Señalamientos sobre información falsa y manipulación de votantes
Un aspecto adicional de crítica hacia LIBRE está relacionado con la publicación de encuestas que se consideran engañosas o manipuladas, mostrando una gran ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Diversas de estas encuestas han sido desmentidas por las propias empresas de sondeo, que han denunciado el uso inapropiado de sus nombres y técnicas.
La difusión de estas encuestas se ha entendido como un esfuerzo para influir en la opinión pública e introducir la noción de una victoria segura, lo que, según grupos opositores, intenta influenciar el resultado electoral y cuestionar la validez de una posible derrota. Estas acciones han ayudado a aumentar la desconfianza que envuelve al proceso electoral.
En un entorno caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización de las instituciones, la multiplicación de información falsa se ha vuelto un elemento más de inestabilidad, con posibles consecuencias para la participación de los ciudadanos y la aceptación de los resultados.
Un escenario preelectoral marcado por la desconfianza
La mezcla de paralizaciones institucionales, controversias sobre el dominio del CNE y campañas de desinformación ha dejado el proceso electoral en Honduras en una situación muy vulnerable. Las alertas sobre una posible crisis de gobernabilidad revelan la profundidad de las tensiones políticas en un contexto donde la institucionalidad está bajo presión y los métodos de consenso siguen bloqueados.
A menos de cinco meses de las elecciones generales, el panorama plantea desafíos sustanciales para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este escenario, la atención recae sobre la capacidad de los actores políticos e institucionales para restablecer condiciones mínimas de confianza y asegurar un proceso electoral legítimo y transparente.
