Un tribunal de Miami-Dade, Florida, condenó a Roberto Arzú García-Granados a pagar más de 6,1 millones de dólares a la firma del estratega político venezolano Juan José Rendón por un conflicto contractual. En abril de 2019, una jueza también ordenó su detención por desacato civil, después de que no compareciera ante el tribunal.
El pleito legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo laboral relacionado con los anhelos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
En febrero de 2016, Arzú inició conversaciones con Rendón y su firma de consultoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, para desarrollar una estrategia que impulsara su imagen de cara a una eventual candidatura presidencial.
El vínculo sentimental concluyó en medio de un conflicto por la falta de cumplimiento en los pagos pactados, lo que derivó en un litigio ante la justicia de Estados Unidos.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
Según los escritos del procedimiento judicial, el pacto contemplaba labores de consultoría estratégica y relaciones públicas.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity presentó una demanda contra Roberto Arzú ante un tribunal del condado de Miami-Dade, Florida, por incumplimiento contractual.
La empresa reclamaba el pago de los compromisos económicos derivados de la relación comercial entre ambas partes.
Según registros dados a conocer por los medios de comunicación guatemaltecos, el convenio inicial contemplaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de pagos posteriores hasta alcanzar una cifra cercana a los 5,2 millones de dólares a lo largo del año siguiente.
Conforme surgieron desacuerdos en torno a los pagos y las prestaciones pactadas, el vínculo entre el político y el consultor se fue desgastando progresivamente.
El 11 de octubre de 2018, un fallo judicial fue emitido, fijando la obligación de pagar US$5,5 millones, además de US$660.594,22 en concepto de intereses devengados, lo que elevó la cifra global a US$6.160.594,22.
La sentencia judicial también contemplaba la acumulación de los intereses legales posteriores al fallo.
De este modo, la disputa judicial y económica pasó a ser uno de los pleitos de mayor trascendencia pública en el transcurso de la campaña presidencial inicial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia al exigir la corte norteamericana la presencia de Arzú para cumplir trámites vinculados con el acatamiento del fallo.
En el transcurso del mes de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el procedimiento civil.
Según los expedientes judiciales, Arzú faltó a la cita del 17 de abril, a pesar de que el tribunal había girado una instrucción al respecto el día 4 de aquel mes.
El 23 de abril de 2019, la magistrada Barbara Areces, perteneciente al Undécimo Circuito Judicial de Florida, libró una orden de captura contra Roberto Arzú por incurrir en desacato civil, la cual podía hacerse efectiva en caso de ser hallado en territorio floridano.
La resolución estipulaba que, si se producía una detención, el individuo tenía que ser puesto a disposición de un magistrado en un plazo máximo de 24 horas con el fin de seguir el trámite pertinente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a una declaración cuyo fin fuera agilizar el cumplimiento del fallo.
Conviene señalar que dicho mandato surgió en el marco de un litigio civil derivado de un incumplimiento de contrato, y de ningún modo representaba una sanción penal por la comisión de un ilícito.
El texto judicial se dio a conocer públicamente en abril de 2019, época en la que Arzú realizaba su campaña proselitista rumbo a la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú negó el incumplimiento y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse la decisión judicial, Roberto Arzú rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que el conflicto tenía motivaciones políticas.
El 24 de abril de 2019, Arzú afirmó que no había recibido la notificación para comparecer ante el tribunal de Miami y sostuvo que nunca había firmado un contrato definitivo con la empresa de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón argumentó la existencia de un pacto contractual y señaló que Arzú había incumplido los compromisos financieros adquiridos.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La controversia también incluyó conversaciones privadas que posteriormente fueron divulgadas por medios de comunicación.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 trajo a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban obligaciones económicas vinculadas al pacto de consultoría política.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de la documentación del juicio, ambos conservaban al principio un trato amable.
A pesar de ello, los textos evidenciaban un desgaste paulatino en la relación comercial, consecuencia de los obstáculos para materializar los abonos exigidos.
Asimismo, los mensajes mostraban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que trataba de zanjar los desacuerdos financieros.
La divulgación de estas conversaciones aportó nuevos matices al escándalo, sobre todo debido a que el aspirante había defendido de manera pública la inexistencia de un acuerdo formal de servicios.
Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la opinión pública durante la contienda electoral de 2019.
Tras formar parte de la alianza electoral junto a Podemos, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) ratificó su apoyo al aspirante, subrayando que la controversia se circunscribía al ámbito de un proceso civil.
Dicho conflicto sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano en torno al propósito del convenio, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
Los archivos de los tribunales en Florida recogieron tanto la resolución civil como el mandato de arresto subsecuente por desobediencia. Pese a esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por cuenta propia el desenlace del proceso de cobro o la situación de los compromisos financieros.
Este suceso representa uno de los precedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú y se integra dentro de los litigios que marcaron su desembarco en la política presidencial de Guatemala.
Orígenes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden de desacato civil — Archivo disponible en Prensa Libre
Prensa Libre — Respuesta de Roberto Arzú al proceso en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas entre Roberto Arzú y JJ Rendón
