A poco más de cuatro meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el gobierno en Honduras se enfrenta a un aumento en la falta de legitimidad ante el público. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que lidera desde 2022, ha estado en el centro de señalamientos por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y grupos de la sociedad civil, que acusan posibles manipulaciones en el proceso electoral y un intento por mantener el control en medio de una notable baja en las encuestas.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Encuestas recientes, como las de Pro Encuestas y TResearch, indican que la candidatura presidencial de Rixi Moncada ha experimentado un declive sostenido. Inicialmente posicionada como favorita, Moncada ha sido superada en las mediciones por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, quedando relegada al tercer lugar.
Expertos asocian esta baja a una mezcla de motivos: acusaciones de corrupción en el gobierno, divisiones internas en el partido en el poder, bajo desempeño económico y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La disminución del apoyo popular ha coincidido con una intensificación del lenguaje político por parte del Ejecutivo y con indicios de tensión institucional que han activado alertas en varios sectores.
Dudas acerca del sistema electoral y supervisión institucional
Uno de los puntos clave de discusión es la negativa del oficialismo a autorizar la verificación manual de los sufragios, una práctica común en procesos anteriores utilizada como método de comprobación frente a la digitalización de los resultados. La oposición y las entidades independientes señalan que suprimir este control podría permitir irregularidades y dificultar las auditorías ciudadanas e internacionales.
Además, se han registrado medidas destinadas a complicar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fundamental para garantizar la transparencia en el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han señalado presiones e intentos de obstrucción a sus labores.
Empresas y líderes de la oposición ven estas acciones como un intento de fortalecer el dominio institucional sobre el proceso electoral, restringir la observación internacional y proporcionar al partido gobernante flexibilidad en caso de un posible revés electoral.
Alegaciones de sesgos ideológicos y ambiente confrontativo
La realización en Tegucigalpa de una sesión del Foro de São Paulo, con la participación de delegaciones de gobiernos de izquierda de la región, reavivó el debate sobre las alianzas internacionales del partido LIBRE. Voces críticas señalaron que estos vínculos con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar orientados a replicar modelos de gobernabilidad que priorizan la concentración del poder y restringen los espacios de participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue líder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han señalado el riesgo de llevar a cabo un “Plan Venezuela”, cuyo fin sería causar desestabilización institucional, manifestaciones provocadas y obstrucciones administrativas que compliquen una transición gubernamental.
De acuerdo con las acusaciones, grupos cercanos al gobierno habrían llevado a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, lo que podría contribuir a minar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en la nación.
Panorama impredecible frente a una votación crucial
En Honduras, el escenario político se vuelve más dividido y el gobierno actual va perdiendo apoyo entre la población, lo que conduce a unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, el conflicto institucional y la crítica a las normas del sistema democrático.
Varias organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales y líderes políticos han enfatizado la importancia de una supervisión internacional sólida y de mecanismos de protección que aseguren la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
La actual coyuntura expone no solo la fragilidad del consenso democrático en el país, sino también la dificultad para encauzar la competencia política dentro de márgenes institucionales estables, en un contexto de creciente desafección ciudadana y desconfianza en las instituciones del Estado.
