A medio año de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación difícil caracterizada por conflictos internos, denuncias de corrupción y una notable caída en el apoyo electoral. En un panorama político cada vez menos claro, el deterioro continuo del partido en el poder podría acabar con su mandato.
Rupturas internas y falta de unidad
La elección de Rixi Moncada como la candidata oficialista dejó expuestas tensiones acumuladas dentro de LIBRE. La posterior renuncia del diputado Jorge Cálix, una figura con trayectoria dentro de la organización, evidenció la existencia de desacuerdos profundos sobre el rumbo político y el estilo de conducción del partido. Cálix, junto a otros dirigentes que también abandonaron la agrupación, denunció prácticas autoritarias y una cultura de exclusión.
En consecuencia, los líderes del partido organizaron manifestaciones en apoyo de la presidenta Xiomara Castro y también de Moncada. Sin embargo, estos eventos no consiguieron cambiar la impresión de una institución debilitada, y varios grupos los ven como esfuerzos para mantener el poder político en un contexto desfavorable.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La situación empeoró ante las acusaciones de supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde legisladores asociados al partido oficialista fueron acusados de malversar fondos destinados a programas sociales. El caso más representativo fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión fue declarada junto con la eliminación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia masiva del partido a la inmunidad parlamentaria.
Aunque estas resoluciones parecen firmes, los grupos opositores, particularmente el Partido Nacional, las describieron como movimientos meramente simbólicos para distraer la atención. De acuerdo con sus representantes, las medidas del gobierno no han supuesto sanciones verdaderas ni investigaciones concretas que aseguren la rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y exhortos para detener el desgaste institucional
Las críticas no han estado confinadas al ámbito político. Desde el campo empresarial, importantes voces han expresado sus preocupaciones acerca de la dirección del país. En una reciente declaración pública, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó directamente al gobierno de haber traicionado el mandato de la ciudadanía mediante acciones que, según él, comprenden nepotismo, manejo discrecional de fondos públicos y falta de claridad en casos destacados como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con redes criminales.
Facussé alertó sobre la fragilidad institucional y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él interpretó como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario y financieramente inviable.
Desplome en las encuestas y reconfiguración del mapa electoral
Las encuestas de opinión más recientes reflejan un descenso acelerado de LIBRE en la intención de voto. De acuerdo con los datos recopilados entre mayo y junio, el apoyo al partido oficialista ha oscilado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras muy por debajo del 42 % registrado en marzo. Esta tendencia descendente, junto con la volatilidad entre encuestas, sugiere una base electoral fragmentada y en busca de alternativas.
Simultáneamente, contendientes de la oposición como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han incrementado su influencia, logrando tasas de respaldo que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las opiniones de los ciudadanos también reflejan el desgaste gubernamental: la presidenta Xiomara Castro obtiene una puntuación media de solo 4.1 sobre 10, en un escenario caracterizado por escándalos sin resolver y una percepción creciente de ineficiencia.
Un panorama incierto para el oficialismo
La situación presente pone a LIBRE ante un reto de considerable envergadura. La mezcla de problemas internos, debilitamiento institucional, falta de confianza y oposición popular ha erosionado su situación rumbo a los comicios generales. Si esta tendencia persiste, el partido en el gobierno podría no solo perder el mando del Ejecutivo, sino también poner en riesgo la iniciativa política que lo llevó al poder en 2021.
En esta situación, el resultado estará ligado a la habilidad del partido para reorganizar su estructura interna, escuchar las demandas de la sociedad y proporcionar soluciones concretas frente a las acusaciones de corrupción. Si no lo hacen, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.
